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Se equivocaba la ley



Definición de abuso sexual en el vigente Código Penal: “El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, (…). La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima. En todos los casos anteriores, cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, (…) el responsable será castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años” Con esta tipificación del abuso sexual cuenta la sociedad española y quizá no existía consciencia de este artículo gris cargado de desvalorización moral sobre las víctimas del citado delito. Mientras este artículo 181 continúe vigente, podrán dictarse sentencias como la que ha recaído en el caso de la Manada. Los magistrados han aplicado el precepto que tenían escrito en el Código Penal, resultando que no es el Tribunal sino la Ley quien ha olvidado que la otra cara del prevalimiento es la intimidación que siente la víctima. No ha sido el Tribunal sino la ley quien, para medir la gravedad del delito situó la atención sobre la acción (o ausencia de violencia) y no sobre el resultado de la acción: la intimidación. En otros delitos tales como las lesiones, la gravedad se mide por el resultado del daño causado en la víctima: los días de curación o las secuelas, entre otros. Sin embargo, en el delito de abuso sexual el legislador y su moral antediluviana han situado la gravedad del delito tan solo en la acción realizada por el denunciado y no por el resultado que la conducta produce en la víctima. El resultado del prevalimiento es la intimidación. Sólo con cambiar el punto de vista desde el sujeto activo a la víctima del delito el Código Penal podría tener otro tenor literal. Atendiendo a los hechos concretos, todo cobra mayor claridad con una pregunta, ¿qué habrían hecho los miembros de la manada si la denunciante llega a oponer resistencia? Esta pregunta no la hubiera consentido ningún juez en un juicio por ser una elucubración, pero es previsible que si la denunciante hubiera manifestado su consentimiento en contra los acusados no la habrían dejado marcharse, ejerciendo violencia sobre ella. Y aquí nace esa obligación de la mujer que subyace implícita en los delitos contra la libertad sexual, consistente en la necesidad de oponer resistencia para convertir el prevalimiento en violencia real. Se sitúa así sobre la víctima la obligación de probar una resistencia heroica con las consiguientes lesiones o riego para la vida que lleva aparejada dicha resistencia. El Tribunal tenía las palabras de su sentencia previstas en el Código Penal de manera tan literal que esta Ley Orgánica más que una ley parece un mal augurio. Por lo que no es el poder judicial sino el legislativo quien debe realizar las actuaciones necesarias para modificar la ley.

Abogada
elveladordeaurora.blogspot.com.es



05/02/2018 | Aurora Gómez Campos
 
     
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